Juntos por el Perú y su idea de hacer CTRL+ALT+DEL al sistema

Hay planes de gobierno que uno lee con un cafecito al lado… y otros que se leen con un café, dos aspirinas y una copia de la Constitución Política del Perú abierta, como si fuera un mapa del tesoro.

Este último es el caso.

Porque claro, una cosa es querer cambiar el país —lo cual es perfectamente válido, incluso necesario— y otra muy distinta es intentar hacerlo como quien remodela la sala sin darse cuenta de que la pared es estructural… y que tumbarla implica que se caiga toda la casa.

Y aquí es donde empieza el problema.

El plan propone una Asamblea Constituyente. Así, con naturalidad. Como quien dice “nos vemos mañana cuñau…”.

El detalle es que la Constitución no es un folleto que se reemplaza en la impresora. Tiene reglas claras para modificarse. No es capricho: es precisamente para evitar que cada gobierno reescriba el país a su gusto.

Entonces, plantear una Asamblea fuera de ese procedimiento es, en términos simples, como querer cambiar las reglas del partido… mientras el partido ya se está jugando.

No es que no se pueda cambiar la Constitución. Sí se puede. Pero no así. No por la ventana.

El plan habla de superar el capitalismo, de un Estado que lidere sectores estratégicos, de replantear el rol del mercado.

Hasta ahí, uno podría decir: “bueno, es una propuesta ideológica”.

El problema es que la Constitución ya tomó una posición: economía social de mercado. No es neutra. No es ambigua. Está escrita ahí, con todas sus letras.

Entonces, cuando el plan propone otra cosa, no está haciendo un ajuste. Está cambiando el motor del carro… mientras el carro está en marcha.

Y eso, jurídicamente, no es una política pública. Es una sustitución constitucional.

Hay una parte especialmente delicada: los contratos-ley.

El plan plantea eliminarlos o revisarlos. Suena bien en el discurso —corregir abusos, renegociar lo injusto—, pero aquí aparece una palabra poco romántica, pero fundamental: seguridad jurídica.

La Constitución protege esos contratos precisamente para que el Estado no cambie las reglas después de firmarlas.

Si mañana el Estado decide que lo firmado ya no vale, el mensaje es claro: “firma tranquilo no más… pero no te confíes”.

Y eso no solo afecta a grandes empresas. Termina afectando empleo, inversión, estabilidad. Es como cambiar las reglas del juego después de que todos ya apostaron.

El plan introduce algo llamado “Poder Popular”. Suena potente, casi épico.

El problema es que la Constitución ya tiene su diseño: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tres poderes, separados, equilibrados.

Meter un cuarto poder no es añadir una silla a la mesa. Es cambiar la mesa.

Y cuando uno cambia la estructura del poder, ya no estamos hablando de reformas. Estamos hablando de rediseñar el Estado desde cero.

Se plantea que no haya subordinación entre niveles de gobierno.

Dicho así, suena bien: autonomía, empoderamiento, regiones fuertes.

Pero la Constitución define al Perú como un Estado unitario. Descentralizado, sí. Pero unitario.

Eso significa que hay un orden, una jerarquía, una coherencia.

Eliminar esa subordinación no es profundizar la descentralización. Es acercarse peligrosamente a un modelo distinto… algo más parecido a un sistema federal, que no es lo que tenemos.

El plan propone veedurías sobre medios.

Aquí la cosa se pone interesante. Porque nadie habla de censura directa. Pero sí de mecanismos que “alerten” sobre contenidos.

Y uno ya ha visto suficientes películas para saber que las alertas, cuando se institucionalizan, pueden convertirse en presión.

La Constitución es clara: no hay censura previa.

Entonces, aunque la intención pueda ser buena, el riesgo es evidente: empezar regulando… y terminar condicionando lo que se dice.

Después de revisar todo, la sensación es clara.

No estamos ante un plan que quiere gobernar con la Constitución actual.
Estamos ante un plan que necesita otra Constitución para poder existir.

Y eso no es ni bueno ni malo por sí mismo. Es, simplemente, honesto decirlo.

Porque lo complicado no es querer cambiar las reglas.

Lo complicado es actuar como si ya se hubieran cambiado.

El país puede cambiar. Es más, obviamente que debe cambiar. Siempre.

Pero hay dos caminos:

• cambiar respetando las reglas
• o cambiar primero las reglas… respetando cómo se cambian

Lo que no funciona —nunca ha funcionado— es hacer ambas cosas al mismo tiempo, como si no hubiera consecuencias.

Porque la Constitución, nos guste o no, no es un obstáculo.

Es el marco de juego.

Y cuando uno entra a la cancha ignorando las reglas… lo más probable es que el partido ni siquiera llegue a empezar.