Fuerza Popular: en principio, todo funciona

En principio, el plan de Fuerza Popular funciona. Encaja. No desentona. No obliga a correr a revisar la Constitución Política del Perú como si algo estuviera a punto de romperse. Todo está en su sitio, como debe estar. Y, sin embargo, conforme uno avanza, aparece una sensación menos cómoda: no la de estar frente a un error, sino la de estar frente a algo que, precisamente por estar tan correcto, empieza a exigir una pregunta más incómoda.

Porque una cosa es que un plan no choque con la Constitución. Y otra —bastante más difícil— es que logre hacer funcionar, de verdad, todo aquello que la Constitución ya permite.

Y esta vez, además, el contexto importa más de lo habitual.

Tras las elecciones del 12 de abril de 2026, los resultados parciales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales muestran algo que cambia la conversación: Fuerza Popular no solo participa del tablero, sino que lo lidera. Se perfila como la primera minoría en el nuevo Congreso bicameral —tanto en Senado como en Diputados— en un escenario fragmentado, pero donde su peso político es, claramente, el mayor.

Es decir, ya no estamos leyendo un plan más.

Estamos leyendo un plan con posibilidades reales de ejecución.

Y ahí es donde la conversación se vuelve interesante.

Hay algo curioso en cómo está construido este documento. Promete prácticamente todo lo que uno esperaría: crecimiento, formalización, mejores servicios, menos trabas, más inversión. Todo suena razonable. Todo parece posible. Todo, además, ocurre al mismo tiempo. Y ahí es donde conviene bajar un poco la velocidad.

Porque gobernar no es acumular objetivos como quien arma una lista optimista, sino decidir. Elegir qué va primero, qué puede esperar y qué, simplemente, no entra. Aquí esa conversación no termina de aparecer. Todo avanza en paralelo, como si el Estado tuviera la capacidad —y los recursos— para hacerlo todo sin fricción. Y en un país como el Perú, esa suposición suele ser, como mínimo, optimista.

Donde el plan sí destaca —y bastante— es en el diagnóstico. La descripción del Estado peruano es precisa: burocracia pesada, trámites interminables, informalidad extendida, servicios que no llegan. Uno lee y asiente. Sí, eso es exactamente lo que pasa. El problema es que, cuando llega el momento de responder a la pregunta clave —¿qué hacemos con esto?— el texto baja la intensidad. Aparecen  verbos correctos: modernizar, optimizar, mejorar. Pero los mecanismos concretos no siempre terminan de aterrizar.

Es como si el plan tuviera problemáticas muy bien desarrolladas… pero solucionáticas que se quedan a medio camino.

Y en el Perú, si algo no ha faltado nunca, son diagnósticos lúcidos.

Luego está esa tensión elegante —y bastante real— entre desregular y controlar. El plan quiere eliminar trabas, simplificar procesos, hacer que las inversiones fluyan. Perfecto. Pero también quiere  fortalecer la supervisión, mejorar el control, evitar abusos. También perfecto.

El problema es que, en la práctica, ambas cosas no siempre se llevan bien. Menos trámites suele significar menos filtros. Más control suele implicar más procedimientos. Y en algún punto alguien tiene que decidir hacia dónde se mueve el sistema. El plan,  con bastante elegancia, evita incomodarse con esa decisión.

Algo parecido ocurre cuando aparece el tema fiscal, ese invitado que siempre llega tarde a la conversación. Se habla de disciplina, de estabilidad, de equilibrio macroeconómico. Todo correcto. Pero al mismo tiempo se proponen más inversiones, más programas, más presencia estatal. Y entonces aparece la pregunta inevitable: ¿de dónde sale todo eso?

No hay irresponsabilidad evidente. Pero sí una confianza bastante generosa en que las cuentas van a cerrar.

En materia de seguridad, el tono se vuelve más firme. Orden, autoridad, control. Son palabras que conectan con una preocupación real, y que además forman parte de lo que el Estado debe garantizar. Pero la experiencia peruana ha mostrado que el problema no está en el discurso, sino en el límite.

¿Hasta dónde llega ese énfasis en el orden?

¿En qué momento empieza a tensar otros derechos?

El plan no rompe la Constitución. Pero se mueve en una zona donde todo depende —otra vez— de cómo se ejecute.

La formalización aparece, como siempre, como una meta central. Y, como siempre, suena bien. Pero la informalidad peruana no es un trámite pendiente. Es una estructura compleja, profundamente arraigada. Sin cambios más profundos —costos laborales, sistema tributario, productividad— la formalización corre el riesgo de quedarse, una vez más, en el terreno de las buenas intenciones.

Y entonces aparece la pregunta más importante de todas.

El plan mantiene el mismo modelo, las mismas reglas, el mismo marco general. No hay ruptura. No hay giro. Pero sí hay una promesa clara de mejores resultados.

Y ahí es donde uno se queda pensando.

Porque si el sistema es básicamente el mismo…

¿qué es exactamente lo que ahora va a hacerlo funcionar distinto?

Esa respuesta —la más importante— no termina de aparecer con la claridad que uno esperaría.

A todo esto se suma un detalle que ya no es menor: la gobernabilidad. Con un Congreso fragmentado pero liderado por Fuerza Popular, el escenario no es de bloqueo absoluto… pero tampoco de control total. Hay espacio para avanzar, sí. Pero también para negociar, ceder, ajustar. Y nada de eso suele aparecer en los planes de gobierno.

Y entonces la conclusión no llega como un golpe, sino como una idea que se va acomodando sola.

El plan de Fuerza Popular no rompe nada. No desordena. No propone saltos al vacío ni atajos constitucionales. Todo está, efectivamente, dentro del marco. En principio, todo funciona.

Pero quizás ese es justamente el punto donde conviene detenerse un segundo más.

Porque en el Perú no hemos fallado por falta de reglas. Ni por falta de planes razonables. Ni siquiera por falta de diagnósticos acertados. Todo eso, en mayor o menor medida, ya lo hemos tenido antes.

Lo que ha sido esquivo —casi sistemáticamente— es algo bastante menos espectacular: hacer que lo que ya está previsto funcione como debería.

Y esta vez, a diferencia de otras, el contexto no es una excusa menor. Con el peso político que ha alcanzado Fuerza Popular, la distancia entre el papel y la realidad ya no depende solo de factores externos.

Depende, en buena medida, de su propia capacidad de hacerlo funcionar.

Porque si esta vez funciona, no será porque cambió las reglas.

Será porque alguien logró,  finalmente, hacerlas funcionar.

Y esa, aunque suene menos épica, siempre ha sido la parte más difícil.